Es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos y enfrentar resueltamente las ilegalidades
Por: Giovany Peñate Cruz
Llego a la parada como se viene haciendo costumbre ya en estas vacaciones y escucho el revuelo de dos señoras mayores en una conversación en espera de la guagua. “Viste, ahora yo no sé qué van hacer, hasta los cuentapropistas prohibieron” — le decía una a la otra.
Aquel comentario se quedó grabado en mi mente por lo ilógico que parecía y enseguida que llegué a la universidad me conecté y comencé a buscar en Internet algún referente que explicara la conversación de aquellas dos señoras.
En resumen, encontré un trabajo original del diario Granma, replicado en todos los medios de comunicación cubanos, donde se informaba sobre las nuevas medidas para el perfeccionamiento de la política para el trabajo por cuenta propia.
Según datos ofrecidos en el periódico Granma la cifra de trabajadores por cuenta propia asciende a 567 982 personas, lo que representa el 12% de los empleados en el país.
El
trabajo por cuenta propia ha traído varios beneficios para Cuba, pero a
la par se han observado ciertas desviaciones durante estos años de
implementación de la política.
A decir de Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social:
“La más reciente evaluación al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita; persiste el incumplimiento de obligaciones tributarias y se subdeclaran ingresos; falta de enfrentamiento y solución oportuna a los problemas; subsisten imprecisiones e insuficiencias en el control; así como se constatan deficiencias en la contratación económica para la prestación de servicios u oferta de productos entre personas jurídicas y personas naturales”.
Pero
sin dudas no había que llegar a una evaluación siete años después de
comenzada la implementación de la política para darse cuenta que muchos
cuentapropistas cruzaban el camino de la legalidad en el ejercicio de
las actividades aprobadas.
Para
nadie es un secreto y si lo era, pues resultaba un secreto a voces, que
en algunas de las paladares y cafeterías se utilizan materias primas de
procedencia ilícita, muchas veces procedentes de hurtos y desviaciones
en empresas estatales.
Públicamente
se ha reconocido que los transportistas privados forman parte de la
larga cadena de robo de combustible estatal por la “izquierda”. Son
estos solo dos ejemplos de la larga lista de ilegalidades que se cometen
en este sector a la vista de todos y que han sido denunciados en
múltiples ocasiones por la prensa.
¿Por
qué sucede esto? Bueno porque a quienes les ha tocado fiscalizar y
controlar el desempeño de la actividad por cuenta propia no lo han hecho
con la eficacia necesaria debido a factores como el incumplimiento de
su trabajo y las normas vigentes, sobornos, entre otras tantas
situaciones que rompen la legalidad. Además, en algunas cuestiones
existen vacíos legales que han conllevado a interpretaciones erradas y
otras deformaciones.
Pero
bueno como dice el refrán más vale tarde que nunca, se reconoció el
problema y más que eso, al parecer se va a comenzar actuar para
resolverlo.
Al
mismo tiempo las declaraciones de la viceministra de Trabajo y
Seguridad Social se acompañan de una resolución publicada en la Gaceta
Oficial de este 1ro de agosto de 2017 donde se detallan otros aspectos
del llamado perfeccionamiento.
Esta
resolución establece que a partir de este 1ro de agosto en más de 20
actividades del sector no estatal no se aprobarán más licencias para
ejercerlas hasta tanto no concluya el perfeccionamiento.
La
pregunta del millón de pesos es: ¿Cuánto tiempo durará el
perfeccionamiento? Esperemos que no suceda como en otras ocasiones donde
medidas similares se han extendido en el tiempo o regulaciones
provisionales han quedado como normas vigentes por períodos de tiempos
indefinidos.
Muchos
han sido los comentarios que de diversas vías han surgido, la mayoría
desde el sector no estatal contrarias a las medidas, al tildarlas de un
paso de retroceso en el trabajo por cuenta propia.
Según los cuentapropistas estas medidas son una forma que el gobierno busca para desconocer y deslegitimar el papel de este sector en la Cuba de hoy. Una visión en la que muchos se han amparado para hablar incluso en contra de la Revolución sobre todo en las redes sociales.
Más
allá de cualquier lucha de criterios, está bien claro que nunca el
gobierno cubano había dado tanta prioridad a este sector. Hoy estas
medidas, dan muestra de la intención política de enmendar algunos
errores cometidos en la implementación.
Hoy
el sector de trabajadores por cuenta propia forma parte de la
Conceptualización del modelo económico y social cubano y de su línea de
desarrollo por tanto echarlo para atrás seria romper el proceso de
actualización que se desarrolla en el país.
Al
respecto el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del
Comité Central del PCC y Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros aseguró en la última sesión ordinaria de la Asamblea Nacional
que:
“No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos, que no son pocos, y enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones que se apartan de la política establecida. Estoy seguro de que en este empeño podremos contar con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que de manera honesta ejercen en este sector”.
La
voluntad política está trazada, que puedan ocurrir dificultades,
obstáculos, situaciones no previstas, es posible, esta como toda obra
que se construye por seres humanos es perfectible. El reto ahora es
buscar las mejores soluciones en poco tiempo a los problemas existentes
de forma que la gran mayoría se beneficie.
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